sábado, 12 de mayo de 2012

Esa estafa llamada Ley de Dependencia



Lo que expongo a continuación es una recopilación de situaciones reales y opiniones propias. Si alguien tiene una experiencia distinta u opinión contraria, puede comentar esta entrada e iniciaremos un interesante debate.

La finalidad de esta ley fue, desde el principio, meramente electoralista. Fue una ley-caramelo, con la que engolosinar al electorado. Ley dulzona, con talante, solidaria, propia del buenismo zapateril.

Nunca hubo, en realidad, intención de desarrollarla. Desde el principio, las demandas de valoración dormían el sueño de los justos en los cajones de los funcionarios. O pasaban de mesa en mesa, de despacho en despacho, para volver a la mesa inicial. Y así un mes tras otro, hasta tardar años en obtener respuesta, cuando la propia ley fijaba como tiempo de resolución 6 meses.

No se hacía valoraciones y si se hacían no se firmaban y si se firmaban no se sellaban y si se sellaban no se tramitaban.

Muchos equipos de valoración han recibido indicaciones, desde altas instancias, para valorar a la baja las circunstancias sanitarias o sociales de los solicitantes ¿por qué? para reconocer menos ayudas y que estas fueran de menor cuantía.

En los primeros tiempos de la ley, desde las residencias geriátricas o de atención a discapacitados se impedía a residentes y tutores que solicitaran valoraciones, temerosos de que con el reconocimiento de la situación de dependencia se les concediera el beneficio de la gratuidad  o una rebaja en el precio que estaban abonando.

Más tarde, con el desarrollo de la ley, los titulares de residencias supieron que los residentes dependientes atraerían beneficios económicos para las residencias y promovieron valoraciones masivas y pidieron de oficio la valoración de aquellos residentes a quienes antes se les impidió solicitarla. Antes no interesaba que fueran valorados pero ahora sí. Las residencias -públicas y privadas-, se empezaron a frotar las manos ante la idea de recibir los dineros de la ley de dependencia.

Las ayudas reconocidas se han abonado siempre tarde y mal, cuando se han abonado.

A día de hoy se abonan las ayudas a los dependientes que permanecen en sus domicilios (entre 300 y 500 €/mes) y a aquellos que optan por una residencia privada (entre 600 y 800 €/mes). Me refiero a los grandes dependientes, los del grado 2.1 ó 2.2.

Los dependientes que están en residencias públicas no reciben las ayudas a la dependencia, bajo el pretexto de que ya disfrutan de una plaza pública. En estos casos, la ayuda consiste en: "le reconocemos a usted el derecho a pagarse la plaza"  (olé, salero). En estos casos se produce una situación similar a la que sigue, aunque es un mero ejemplo:

Si un gran dependiente decide ir a una residencia privada que cueste 1.400 €/mes, recibe del estado 800€/mes y abona de su bolsillo 600 €/mes.
Ese mismo gran dependiente decide ir a una residencia pública que cueste 1.400 €/mes, no recibe nada del estado y abona de su bolsillo la totalidad del coste de la plaza: 1.400 €/mes.
 Según la Ley de Dependencia y normativa relacionada, el estado debe contribuir a sufragar las plazas públicas (de titularidad autonómica, provincial o municipal), que se financiarán mediante copago por parte de la administración central y la autonómica, en unas cantidades fijadas por ley. Ninguna de las administraciones abona lo que debe abonar, aunque en teoría existe una partida presupuestaria para ello. Y lo que abonan a la entidad o administración titular del servicio residencial no se dedica a sufragar el coste del servicio, sino que se destina a fines ajenos al mismo.

Total, que el dinero de la dependencia no aparece. Donde debe estar no está, de donde debe salir no sale no sale todo y la entidad o administración que lo recibe, lo gasta en otra cosa. Como esto funciona así, los dependientes, con ayudas reconocidas por Resolución desde hace varios años, no reciben ayudas de ningún tipo -ni siquiera los grandes dependientes-, y la administración les conmina a abonar la totalidad del coste de los servicios.

Desde la aprobación de la ley, el estado se gasta el dinero de la dependencia  en no se sabe qué, y se exige al dependiente que se olvide de los beneficios reconocidos, que los papeles no sirven para nada, y que pague la plaza residencial en su totalidad o se vaya a su casa.
Esta es la verdadera historia de la ley de dependencia, una de las grandes estafas del Partido Socialista, pero también del Partido Popular. Aquí pringan todos. Y si no es así, que me lo desmientan.

Si algún lector se considera estafado o perjudicado por esta Ley, que deje el comentario. Merece la pena ahondar en este asunto.

Lagartija Soy
Lagartija Soy

Políticamente incorrecta. Río por no llorar. Búscame en algún lugar al sol.