Economía catalana: del "España nos roba" al "Cataluña nos hunde"

Que el tema del procés es un asunto que nos puede llevar a la ruina, hace tiempo que lo sabemos. Cataluña lleva en el último trimestre del año en caída libre en lo que a la economía se refiere, y si Cataluña cae, caemos todos, y esa es la realidad de la economía catalana.

Desaceleración económica

En una entrevista concedida por el Ministro De Guindos a la cadena SER, reconoce que la crisis en Cataluña ha costado "unos 1.000 millones de euros" en el cuarto trimestre de 2017. Estos datos se extraen del análisis de la desaceleración de cuatro o cinco décimas del crecimiento del PIB catalán -del entorno del 0,9 % al 0,4 %- en el cuarto trimestre, que se eleva a 200.000 millones de euros.
Por ello, ha deducido que la crisis política ha podido costar ya "perfectamente" unos mil millones de euros al crecimiento económico, "castigado" por el planteamiento independentista.

Que se abandone la "vía unilateral"

El Ministro de Economía pide a los partidos independentistas
catalanes que abandonen la pretendida "vía unilateral" y se centren en la recuperación económica y en las necesidades básicas de sus ciudadanos.  De Guindos considera que el futuro gobierno catalán debe marcarse como objetivo económico recuperar el nivel previo a la desaceleración "y que estas cuatro o cinco décimas, que es aproximadamente 1.000 millones de euros que perdimos, lo recuperemos en términos de empleo exactamente lo mismo, porque Cataluña estaba creciendo por encima de la media España, era uno de los motores fundamentales de la evolución económica de la recuperación española. Y sin embargo en el cuarto trimestre se ha convertido en un lastre"

Más de 3.000 empresas han trasladado su sede social

La desaceleración económica es debida, fundamentalmente, a la pérdida de confianza de inversores y empresarios, ante la caótica deriva independentista. A diario se produce un sangrado de empresas que se marchan de Cataluña, lo que inevitablemente afectará también al empleo.
A día de hoy son un total de 3.160 empresas las que trasladaron su sede social desde Cataluña a otras regiones de España desde el 2 de octubre, -día siguiente al referéndum ilegal-, según datos del Colegio de Registradores Mercantiles de España.

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